En una tercera sesión convocada por la Vocería de los Pueblos y Apruebo Dignidad, se abordaron los criterios y requisitos mínimos para la instalación de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio en el Palacio Pereira.

En esta instancia, se recalcó la necesidad de aumentar el presupuesto y la administración de los recursos para contratar equipos bajo los estándares laborales y de seguridad social correspondientes. Por ejemplo, para apoyo en el trabajo territorial, en comunicaciones, en contenidos y gestión, así como para traslados y estadías.

Esto debido a que los electos miembros de Pueblos Originarios y Apruebo Dignidad no tiene un partido detrás que los apoye financieramente.

Los integrantes de la Convención recibirán una retribución mensual de 50 UTM (algo así como 2 millones 550 mil pesos), además de las asignaciones reglamentarias.

Críticas a las peticiones de aumento de presupuesto

Ruggero Cozzi (RN), constituyente electo por el distrito N° 6 de la Región de Valparaíso, alzó la voz. Explicó que la Ley de Presupuesto 2021 establece $6.708 millones para el funcionamiento de la Convención Constitucional, de los cuales $1.400 millones son para asignaciones, por lo cual "cada constituyente tiene $1,5 MM mensual para asesores propios, sin contar personal común de la Secretaría Técnica (traslados, alojamiento y alimentación garantizados)".

Así, indicó que en su opinión "el presupuesto previsto es razonable y suficiente para cumplir nuestra función constituyente. Más todavía cuando varias universidades e institutos académicos han ofrecido su colaboración", agregando que "a ningún constituyente le faltarán informes, análisis o propuestas".

A lo anterior, Cozzi argumentó también que el pago de asignaciones es un tema sensible para la ciudadanía y que "han existido casos de corrupción e irregularidades en uso de asignaciones parlamentarias".

"Para transparencia, probidad y buen uso de dineros públicos, creo pertinente que no se paguen asignaciones a constituyentes sin antes haber aprobado reglamento" en esa materia, pues estaría en juego la "credibilidad y legitimidad" de la Convención Constitucional, cerró.

Constituyentes piden renuncia de representante del Gobierno

La petición de renuncia del principal funcionario de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, amplía hoy más las distancias entre los constituyentes y el Gobierno de Chile.

Los constituyentes de los pueblos originarios exigieron en un comunicado la renuncia de Francisco Encina, secretario ejecutivo de dicha secretaría, nombrado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

Argumentaron que el funcionario mostró falta de voluntad en el cumplimiento de compromisos adquiridos demostrando «falta de capacidad de diálogo intercultural».

Explicaron los representantes indígenas que pidieron reiteradamente la presencia de intérpretes de lenguas originarias en las sesiones de la Convención Constitucional, cuya investidura está prevista para el próximo domingo, pero esto les fue negado.

Calificaron esa situación como un incumplimiento de los compromisos y en consecuencia solicitaron al Gobierno nombrar «un nuevo secretario ejecutivo» y advirtieron que, de lo contrario, se «pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación».

Además sentó muy mal en amplios sectores que Encina, además, justificó la contratación de un exguardia del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) para dirigir el aparato de seguridad de la Convención.

El tema salió a la palestra cuando la web Ciper Chile reveló que los servicios de seguridad fueron adjudicados en una licitación a la empresa INCAR Seguridad, dirigida por un excarabinero que integró la guardia presidencial de Pinochet.