Diputados y Diputadas piden incluir al COVID-19 en planes AUGE, GES y Ley Ricarte Soto

Con 143 votos a favor y cuatro abstenciones se aprobó la resolución que pide al Ejecutivo la inclusión del Covid en planes de salud.

Diputados y Diputadas piden incluir al COVID-19 en planes AUGE, GES y Ley Ricarte Soto

Con 143 votos a favor y cuatro abstenciones se aprobó la resolución que pide al Ejecutivo incorporar el COVID-19 a los planes AUGE y GES y a la ley de enfermedades de alto costo, conocida como "Ley Ricarte Soto".

Solicitar al Presidente de la República incorporar las enfermedades derivadas del Covid-19, al Régimen General de Garantías Explícitas (GES), al Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE) y a la ley Nº 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, denominada "Ley Ricarte Soto", es el tenor de la Resolución 1596 aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según lo publicado en el sitio de la Cámara, el objetivo del texto parlamentario es otorgar cobertura tanto para el tratamiento como para la rehabilitación. Asimismo, que las atenciones directas por Covid-19 tengan cobertura completa en FONASA, las Isapre y en el sistema de salud de las FF.AA. y de Carabineros de Chile.

Hospitalización, tratamiento y rehabilitación

La iniciativa de las(os) diputada(os) PPD Carolina Marzán, Patricia Rubio, Cristina Girardi, Andrea Parra, Ricardo Celis, Rodrigo González y Tucapel Jiménez. También los independientes René Alinco, Patricio Rosas y Raúl Soto. Esta recuerda que las personas afectadas por el virus, y sus familias, están soportando costos muy elevados por conceptos de hospitalización, tratamiento y rehabilitación.

Todo ello, agregan, reúne condiciones de gravedad y urgencia, generando un alto impacto socioeconómico. No solamente existe el riesgo de la enfermedad sino, también, el de verse obligados a asumir una deuda que, en la mayoría de los casos, se hace imposible de costear.

El Estado de Chile debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Es por eso que es responsabilidad de la autoridad política dar respuesta a lo señalado, concluye la resolución.