El Senado aprobó el proyecto que fortalece la Ley Zamudio contra la discriminación, pasando a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

La moción, patrocinada por los senadores José Miguel Insulza, Adriana Muñoz, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier y Juan Ignacio Latorre, propone fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la ley en cuestión.

Esta busca la erradicación, prevención, sanción y reparación de toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas, así como la finalidad de instaurar un procedimiento judicial especial y rápido que permita restablecer eficazmente “el imperio” del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.

Según el senador Juan Ignacio Latorre, uno de los patrocinadores de la iniciativa, esta es “una reforma necesaria y queda pendiente la voluntad política del gobierno de Piñera para implementar una institucionalidad que ayude en la prevención, promoción, educación y erradicación de toda forma de discriminación en nuestro país”.

Esa voluntad política no se ha expresado en el Senado y espero que, en lo que quede en la tramitación de la Cámara de Diputados, el gobierno de Piñera pueda introducir esas modificaciones para tener una institucionalidad pública, como existe en otros países, para enfrentar la discriminación arbitraria”.

Juan Ignacio Latorre. senador.

Entre otros cambios, la iniciativa de fortalecer la Ley Zamudio propone aumentar de 50 UTM a 500 UTM, la multa a beneficio fiscal, que el tribunal podrá aplicar a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio judicialmente determinado.

Críticas al avance

A pesar de los cambios que se realizaron en la nueva reforma a la Ley Antidiscriminación, el Movilh acusó de “faltas graves” para afrontar la violencia. “Esto es muy lamentable, pues por un lado se despacha una ley que no resuelve que tribunales se harán cargo de estas materias y, por otro, nuevamente el Estado no asume responsabilidades concretas para prevenir la discriminación. La Cámara deberá resolver este punto”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez a El Mostrador.

“Hay avances importantes que se hacen cargo de deficiencias de la Ley Zamudio que venimos denunciando desde el 2012. Sin embargo, al mismo tiempo permanecen vacíos o problemas que esperamos resolver con la presentación de nuevas indicaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados”, señaló Jiménez.

¿Cuándo se aplica?

Se aplicará agravante si el delito de discriminación se realiza por: desvalorización basado en racismo, pertenencia étnica, identidad cultural, nacionalidad, situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, sexo, orientación sexual o afectiva, género, identidad o expresión de género, características sexuales, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estado de salud físico o mental, discapacidad y/o seropositividad y el trabajo, profesión u oficio.

De esta manera, Jiménez indicó que se podrá pedir justicia cuando la discriminación sea a un colectivo en particular y por primera vez habrá una reparación monetaria para aquellas personas víctimas de actos discriminatorios.

“Con todo, el mayor avance en cuanto a sanciones, pasa porque se amplía las posibilidades de aplicar la agravante por delitos de odio. Con la actual ley, solo hemos logrado aplicar el agravante en cuatro ocasiones,  ya que se obliga a demostrar las motivaciones personales del delincuente. Todos estos casos, cuando se ha tratado de crímenes. Con la nueva redacción, bastará la presencia de elementos discriminatorios”. 

Rolando Jiménez, dirigente Movilh.

 Finalmente, el proyecto pasará a la Cámara baja con los siguientes alcances a analizar: redefinición del concepto de discriminación arbitraria, ampliación del objetivo de la Ley Antidiscriminación, ampliación del concepto de discriminación laboral y el aumento de multa por el delito.