Jueves 12 de agosto de 2021
Un requerimiento de casación ante la Corte Suprema y eventuales reclamos ante el Comité de Ministros. Los escenarios paralelos que se abren para la mega iniciativa de la empresa Andes Iron.
Pese a que este miércoles la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del mega proyecto minero portuario Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron, su carrera por entrar en funcionamiento y la compleja historia en la que se enmarca están lejos de terminar. Esto porque sumado a que en el horizonte habrá espacio para nuevas instancias de reclamaciones para quienes se oponen a su ejecución, también será clave el veredicto que entregue la Corte Suprema respecto a los recursos pendientes que existen en contra de Dominga.
Con todo, esto es un escenario conocido para la compañía, según Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron.
En conversación con Emol, el ejecutivo explicó que "el proyecto, luego de que se emita la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) está aprobado, y por lo tanto, se pueden tramitar todos los permisos sectoriales y comenzar todas las etapas para preparar la construcción del proyecto".
Pero rescató que "en todo este tipo de instancias hay espacios para que se puedan generar apelaciones, existe la posibilidad de que se recurra al Comité de Ministros como una instancia, y en paralelo, hay una presentación de recursos en la Corte Suprema". Cabe recordar que la iniciativa –cuya tramitación comenzó ocho años atrás – contempla la construcción de dos minas a rajo abierto, de hierro y cobre, además de un puerto en la comuna de La Higuera, en el Archipiélago de Humboldt, un sector que ha sido reconocido nacional e internacionalmente por su rica biodiversidad. Se trata de una inversión avaluada en US$2.500 millones, informó el mismo medio.
Archipiélago de Humboldt
Pero es precisamente esta última particularidad de la zona lo que ha motivado a diversas organizaciones ecológicas y ambientalistas a tomar acciones para frenar su construcción. Sobre todo luego de la decisión que manifestó Coeva este miércoles, la cual permitirá que Dominga inicie el proceso para obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que fue criticado por las diversas agrupaciones que reúne la red ambientalista Alianza Humboldt, específicamente porque, a juicio de las organizaciones, "hubo un mal uso de derecho".
Por este motivo, desde la red esperan que la Corte Suprema resuelva anular la votación, y específicamente, el fallo que dio a conocer en abril de este año el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, a través del cual ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto minero a etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental. Si bien este había sido rechazado tanto por la Comisión de Evaluación de Coquimbo, como por el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental, durante 2017, fue la acción del poder judicial la que dio paso a la nueva votación efectuada ayer por los integrantes de la Coeva de Coquimbo.
La Corte Suprema
El escenario que se le abre a Dominga presenta dos líneas paralelas, de acuerdo al análisis de Ezio Costa, abogado de la Alianza de Humboldt y director ejecutivo de Fima, quien precisó a Emol: "nosotros presentamos un recurso de casación, y eso está pendiente en la Corte Suprema", y apuntó que "si las cosas hubiesen sido normales, hubiésemos esperado que el recurso de casación, es decir, quién ganaba y quién perdía, y si es que se rechazan las casaciones, entonces después se habría hecho una votación como la de hoy día".
El recurso de casación es una herramienta procesal extraordinaria que por ley que tiene por objeto anular una sentencia judicial cuando esta no cumple con los procedimientos establecidos o contiene una incorrecta aplicación o interpretación de la normativa. A través de este requerimiento las organizaciones buscan dejar sin efecto la resolución que emitió el Primer Tribunal de Antofagasta, y que autorizó que se votara nuevamente el EIA de Dominga. Según explicó Costa, en general, "no deberían llevarse a votación proyectos que están judicializados".
"El Gobierno apuró la cosa, de manera que a nosotros, además, nos parece que es ilegal, e hizo esta votación en paralelo a que los recursos se resuelvan en la Corte Suprema", sentenció.
Similar fue el planteamiento de Villalón, quien afirmó que se trata de "caminos distintos y paralelos, (refiriéndose a la votación de ayer miércoles)", puesto que "ahora hay una instancia que se presentaron estos recursos y la Corte Suprema puede acogerlos o no, que los acoja no significa que los acepte, que los acoja significa que hay una revisión por decirlo, en términos menos jurídicos, de admisibilidad".
Ante esa posibilidad, entonces, lo que podría ocurrir, según el representante de Andes Iron, es que si "se acogen las casaciones frente a la Corte Suprema y la Corte suprema dice voy a revisar esto, entonces nuevamente tendríamos que asistir los abogados de los opositores y los abogados nuestros a la Corte Suprema a defender nuestros argumentos". Pero estimó que "ese proceso no tiene una fecha exacta determinada, pero claro, eventualmente podría durar un año, tal vez".
No obstante, dijo: "salvo que la Corte Suprema indique lo contrario en algún momento, el proyecto, esta tramitación y esta aprobación sigue adelante, el proyecto puede seguir avanzando en sus etapas pegadas a la construcción del proyecto y bueno si la Corte Suprema en algún momento, que no sabemos cuándo considera que este proyecto no es viable, lo puede detener en cualquier momento, y los costos incurridos son asumidos por los inversionistas".
Y resaltó que "la solidez del dictamen del Tribunal Ambiental es bastante importante, entonces nos hace ver con muy buenos ojos el escenario que vamos a tratar en la Corte Suprema". Desde la otra vereda, Costa expresó que "el fallo del Tribunal Ambiental no es ajustado a derecho y, por lo tanto, creemos que la Corte Suprema va a fallar a favor nuestro, el Tribunal Ambiental no resolvió lo que tenía que resolver cuando conoció el juicio, sino que resolvió materias que no eran las pertinentes, que es muy poco habitual, pero además muy poco eficiente", y sostuvo que "el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) marca una visión que tiene el Gobierno sobre el medio ambiente como simplemente una fuente de riqueza para extraer y no como vida, que es lo que es". En tanto, proyectó que "por la demora que tiene normalmente la Corte, nosotros no creemos que se resuelva antes de fin de año, yo creo que es más probable que sea en el primer trimestre del próximo año".
Comité de Ministros
Otro mecanismo disponible al cual podrían recurrir las organizaciones dice relación con presentar reclamaciones ante el Comité de Ministros, el cual tendría que esperar a que se resolvieran las causas judiciales antes de pronunciarse, continúa Emol.
La "segunda línea", como lo denominó Costa, se abrió este miércoles, luego de la aprobación del EIA diera el pase para iniciar la preparación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga, un acto administrativo con el que culminan los procedimientos de evaluación ambiental y que fija condiciones y exigencias a cumplir. Este documento puede tardar algunas semanas, o incluso meses, según el abogado.
En ese sentido, Costa, rescató que "una vez que saquen la Resolución de Calificación Ambiental, nosotros – y cualquier persona - tenemos treinta días para ir al Comité de Ministros, y después si el Comité de Ministros resuelve, al Tribunal Ambiental, y si este resuelve, a la Corte Suprema de nuevo". Ese es el procedimiento establecido por ley para la resolución de este tipo de herramientas.
"El proceso es así, el Comité de Ministros revisa la decisión de la Comisión de Evaluación, después el Tribunal Ambiental revisa la decisión del Comité de Ministros, y después la Corte Suprema revisa la decisión del Tribunal Ambiental", señaló el abogado.
Igualmente, Villalón ratificó que "la institucionalidad de evaluación ambiental para todos los proyectos en Chile establece una instancia de evaluación en las regiones, que es la Coeva, o la Comisión Regional de Evaluación Ambiental y existe siempre para todos los proyectos una segunda instancia, de revisión de proyectos en el Comité de Ministros".
Consultado por cómo ve que se llegue a una instancia de estas características, el gerente de Andes Iron declaró: "lo tomamos de manera muy positiva, porque creemos que mientras más revisiones tenga el proyecto, ya sea por los organismos del poder Ejecutivo y de la Justicia, eso va entregando más legitimidad del trabajo técnico que nosotros hemos desarrollado".
"Yo recuerdo que este proyecto estuvo en evaluación ambiental por cuatro años, y obtuvo un reconocimiento favorable de la autoridades de la región, entonces nosotros vemos con buenos ojos el futuro, somos respetuoso de las instituciones y creemos que hemos desarrollado un buen proyecto desde el punto de vista técnico para ofrecer minería sustentable para la región", agregó.
Junto con ello, ante dicho escenario, reiteró que "el Tribunal Ambiental por unanimidad señala que el proyecto cumple con toda la normativa vigente que proporcionó todos los antecedentes para una evaluación y es muy clara en eso, entonces, creemos que deberíamos tener resultados positivos en las instancias del poder Ejecutivo y, de igual manera, en los otros recursos que van a existir en la Corte Suprema (...) para nosotros este es un asunto zanjado".
Pero advirtió que al mismo tiempo, la compañía es "muy respetuosa de las decisiones que tomen las distintas instituciones, nosotros siempre hemos acatado los fallos de la justicia y las decisiones del poder Ejecutivo". Finalmente, el director ejecutivo de Fima subrayó que en caso de que la Corte Suprema acoja el recurso de casación y falle a favor de la Alianza de Humboldt, "el escenario dos - es decir, recurrir al Comité de Ministros - desparece".
