Viernes 20 de agosto de 2021
A través de una declaración, la entidad pública defendió el proceso de licitación, sobre todo tras las palabras del diputado socialista Jaime Naranjo, quien acusó un cambio en las bases de licitación para favorecer a la empresa estatal china Aisino, la cual tendrá además "acceso a toda la información de las ciudadanas y ciudadanos chilenos, lo que pone en riesgo la seguridad nacional", según publicó El Mostrador.
De acuerdo al Registro Civil, la base de datos estará encriptada y en un data center propio, y "quedará absolutamente prohibida la posibilidad de que pueda el proveedor oponer alguna norma de confidencialidad interna u otra legislación para oponerse a las auditorías. Así, se vela por el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional que exige este nuevo modelo en seguridad de la información, cualquiera sea el la empresa o consorcio que se adjudique esta licitación"
El Registro Civil emitió una declaración sobre el proceso de licitación del sistema de identificación (cédulas y pasaportes) que están llevando actualmente, y que ha provocado polémica por la posible adjudicación de las cédulas de identidad y pasaportes a la firma china Aisino, un tema que incluso ha sido visto en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
"El Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentra realizando un proceso de licitación para la fabricación de las cédulas de identidad y pasaportes de los próximos 10 años. Para ello ha trabajado un proceso metodológico, legal, transparente y de carácter internacional, que busca 3 objetivos: (i) Asegurar la mayor calidad y estándares técnicos en materia de identificación (ii) ofrecer a la ciudadanía un costo al menos 50% menor a los costos actuales y (iii) contar con los mayores estándares de seguridad en sistemas de información y datos personales", comienzan detallando en un comunicado.
Junto con detallar que el Registro Civil está llevando este proceso a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Mercado Público, y que los candidatos tienen que tener experiencia probada en la emisión de documentos de identificación.
En este contexto, el Registro Civil salió al paso de la polémica por la seguridad de las nuevas cédulas y pasaportes y aseguró que la empresa ganadora no tendrá acceso a la base de datos.
Esto, en alusión a las palabras del diputado socialista Jaime Naranjo, quien acusó un cambio en las bases de licitación para favorecer a la empresa estatal china, la cual tendrá además "acceso a toda la información de las ciudadanas y ciudadanos chilenos". Y esto "pone en riesgo la seguridad nacional, sobre todo los datos privados de cada chileno", indicó ayer el parlamentario en El Mostrador en La Clave.
Sin embargo, de acuerdo al Registro Civil, "el nuevo modelo tendrá los más altos estándares en materia de seguridad de la información y manejo de datos personales. Así, a diferencia de la situación actual, donde la base de datos que contiene dichos datos se encuentra alojada en el Datacenter del proveedor, en el nuevo modelo se alojará en el Datacenter que maneja el propio Registro Civil. Por lo demás, la referida base estará encriptada, manteniendo oculto los datos permitiendo su acceso mediante la utilización de una llave que solo será conocida por el Servicio", añaden.
"Para asegurar esto se permite al Servicio implementar un estricto sistema de Control de Gestión y Auditoría, controlando en tiempo real el desarrollo de los procesos. Frente a ello, quedará absolutamente prohibida la posibilidad de que pueda el proveedor oponer alguna norma de confidencialidad interna u otra legislación para oponerse a las auditorías. Así, se vela por el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional que exige este nuevo modelo en seguridad de la información, cualquiera sea el la empresa o consorcio que se adjudique esta licitación", explican.
En la actualidad, hay 5 ofertas provenientes de "consorcios internacionales que han logrado cumplir hasta el momento los requisitos exigidos", añadió el servicio, que además hizo "un llamado a evitar pronunciamientos sobre la conveniencia de una u otra oferta, por parte de autoridades y funcionarios públicos, que no se ciñan a lo estrictamente establecido en este proceso internacional".
El proceso ha estado marcado por la participación de lobbistas de todos los colores políticos y de procesos paralelos, como el presentado por Idemia, el consorcio francés que hoy administra el contrato y quiere volver a adjudicárselo, contra el Registro Civil ante el Tribunal de Contratación Pública.
El Registro Civil aludió también a estos hechos, señalando que "los oferentes presentan reclamaciones según el procedimiento establecido en el proceso, con la finalidad de hacer prevalecer su propia propuesta por sobre las otras, de acuerdo a sus antecedentes e intereses. El Registro Civil participa de dicho proceso y vela en las instancias pertinentes por la legalidad y rigurosidad del mismo. Así, los pronunciamientos que puedan efectuar los tribunales recurridos o la propia Contraloría, serán prenda de garantía de un proceder ajustado a nuestro ordenamiento jurídico".
El plazo de adjudicación es el 6 de octubre.
