Miércoles 25 de agosto de 2021
La institución aludió a su carácter autónomo y resolvieron que no era pertinente consultar a Contraloría, a pesar de que estén en juego los recursos públicos.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) tomó la decisión de implementar una "semana de desconexión" aplicable a todas y todos sus trabajadores.
Este beneficio implica 5 días hábiles libres y sin trabajo, sin que estos se descuenten del sueldo ni de las vacaciones. Tampoco cuentan los 6 días administrativos que mantienen por contrato.
La institución realizó una encuesta llamada "¿Cómo seguimos?", que planeaba medir los efectos de la pandemia en la salud mental de funcionarios y funcionarias. Así, se llegó a la conclusión de que estaban exhaustos y desconcentrados, además de problemas de sueño e irritabilidad.
En base a esto, la directiva aprobó un acta de sesión con publicando la semana de desconexión, y que contó con los votos de los directores y directoras Natalia González, Francisco Leturia, Bernardo Navarrete y la presidenta, Gloria de la Fuente.
Para justificar esta medida, la institución aludió a su carácter autónomo y resolvieron que no era pertinente consultar a Contraloría, a pesar de que estén en juego los recursos públicos.
Bío Bío tuvo acceso al acta y el correo donde se informaba la iniciativa, donde se menciona que la medida tendría como beneficios: "garantizar desconexión del trabajo, cohesión de equipos, aumento en el sentido de pertenencia organizacional, espacios de aprendizajes al promover labores rotativas y avanzar como una organización madura, sostenible y saludable".
Qué dicen desde el Consejo para la Transparencia
Según las declaraciones entregadas por David Ibaceta, director general de la CPLT, a Bío Bío, esta iniciativa es innovadora "ya que la institución se rige por el Código del Trabajo que te da un margen sumamente amplio en la relación empleador-trabajador".
Ibaceta informó también que en términos presupuestarios se han estado haciendo esfuerzos. "Si en 2019 gastaba $92 millones en temas ligados al desarrollo del trabajo, en 2020 bajó a 56. Ibaceta apuesta: en 2021 apenas superarán los $33 millones".
"Entonces (…) uno podría decir quién paga esto. Lo paga el fisco. Pero lo que pasa es que el fisco, representado en este caso por el Consejo para la Transparencia, también ha estado haciendo los ajustes en otro lado", insistió.
