Lunes 30 de agosto de 2021
La magistrada Urbina tenía acceso a escuchas telefónicas y antecedentes del caso, los cuales según fiscalía, utilizaba para advertir al hijo de su esposo.
La fiscalía de Coyhaique presentó una querella para que la Corte de Apelaciones de la zona le quite el fuero judicial y formalice a Cecilia Urbina, jueza de garantía que ayudaba a su hijastro en caso narco.
Según una investigación revelada por Bío Bío Chile, Jorge Cáceres Vásquez "El Matanga", estaba involucrado en un grupo de narcotraficantes de la zona. Coincidentemente, este hombre era hijo de Jorge Cáceres, esposo de la jueza Urbina.
La PDI estudiaba el caso en enero de 2021, realizando escuchas telefónicas al grupo de narcos al cual pertenecía "El Matanga". Así, los detectives informaron a la fiscal María Inés Núñez de que, "todas las diligencias intrusivas decretadas en la causa por tráfico de drogas donde apareció Jorge Cáceres, eran autorizadas por la jueza Urbina Pinto al menos desde 2019".
Al enterarse, la fiscal solicitó la interceptación telefónica del "Matanga" al magistrado Mario Devaud, pero a pesar de que la causa fue tramitada como "reservada" en el sistema informático del Poder Judicial, este expediente se encontraba a disposición de todos los jueces que tenían clave.
Así, la jueza y madrastra de Jorge Cáceres, habría logrado obtener información sobre la investigación, la que era entregada posteriormente a su esposo. El padre le informó a su hijo que su teléfono estaba "pinchado" y debía eliminarlo junto al chip.
Debido a esto, la fiscal solicitó al tribunal interceptar los teléfonos de la magistrada y su marido. Dos de los cómplices del "Matanga" fueron detenidos, confesando que la jueza les entregaba datos. "El imputado Diego Araneda señaló: (…) la jueza se lo contaba al papá de Cáceres (El Matanga), que es su pareja y el papá de Cáceres le avisaba y por eso no lo detenían nunca".
Querella contra la jueza
Con estos antecedentes, el pasado 23 de agosto se interpuso una querella ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique en contra de la magistrada Urbina, por los delitos de revelación de secreto en una causa por Ley de Drogas y corrupción judicial.
Así, se busca que la jueza pueda ser formalizada por estos delitos.
"De hecho, el 11 de agosto pasado el tribunal de garantía de Coyhaique autorizó a la Brigada Antinarcóticos de la PDI la incautación de los celulares y computadores de la jueza y su marido en el domicilio que ambos habitan. Esto con miras a que el Ministerio Público analice los llamados, las conversaciones por WhatsApp y la georeferenciación de los aparatos".
