Miércoles 1 de septiembre de 2021
La querella relata el rol que cada funcionario jugó en esta trama que hoy complica al exalcalde Torrealba, que de acuerdo a la Policía de Investigaciones (PDI), serían parte de triangulaciones de dinero proveniente del municipio, que terminó en manos de privados y del propio exjefe comunal.
El documento señala que "conforme a la información recibida hasta el momento de fuentes confiables, que el Ministerio Público ya conoce, al interior de las organizaciones comunitarias Vita Emprende y Vita Deportes se ha observado un gran desorden administrativo, que incluye el registro de gastos que no cuentan con el debido respaldo y la inexistencia de estados financieros actualizados", publicó El Mostrador.
La trama por las irregularidades en el municipio de Vitacura salpica cada vez más al exalcalde Raúl Torrealba. Al allanamiento en su casa y la incautación de computadores de la Municipalidad en el marco de esta investigación, se suma ahora la querella presentada por la municipalidad que hoy dirige Camila Merino (Evópoli) contra Torrealba.
De acuerdo a información de La Tercera, el recurso judicial ya fue acogido a trámite en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, da cuenta de un eventual fraude al fisco por parte del exjefe comunal, quien estuvo a cargo del municipio por un periodo de 25 años.
La querella alude al testimonio de Antonia Larraín (45), sobrina de Domingo Prieto -expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes e imputado- e íntima amiga de una de las hijas de Raúl Torrealba, quien por 16 años se desempeñó como funcionaria de la Municipalidad de Vitacura, y desde julio de 2018 asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario.
"Apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020", dice parte del documento firmado por Mauricio Irarrázabal, director de Asesoría Jurídica.
Irarrázabal detalló ante la justicia que "con fecha 19 de agosto de 2021, se acercó hasta mis oficinas en la I. Municipalidad de Vitacura una funcionaria municipal que desempeñaba un cargo de confianza de la administración anterior -cuya identidad se encuentra en conocimiento del Ministerio Público-, manifestándome que desde hacía aproximadamente tres años y hasta el cambio de administración municipal, ocurrida en el mes de julio, manipuló mensualmente sobres de dinero conteniendo aproximadamente la suma de $ 5.000.000 en dinero efectivo, que recibía, entre otros, de Domingo Prieto Urrejola y de Arnaldo Cañas y que entregaba personalmente al alcalde Raúl Torrealba".
Cuando se realizaron los allanamientos en las distintas reparticiones y las casas de Torrealba y Prieto, se tomó en consideración el testimonio de Antonia Larraín. Otra declaración que hizo, es que para la semana de la chilenidad recibía el monto de 3 millones de pesos para costear todo lo relacionado a la celebración del 18 de septiembre, pero que siempre le sobraba cerca de 1 millón, el cual tenía que entregar al alcalde Torrealba.
La querella relata el rol que cada funcionario jugó en esta trama que hoy complica al exalcalde Torrealba, que de acuerdo a la Policía de Investigaciones (PDI), serían parte de triangulaciones de dinero proveniente del municipio, que terminó en manos de privados y del propio exjefe comunal. El documento señala que "conforme a la información recibida hasta el momento de fuentes confiables, que el Ministerio Público ya conoce, al interior de las organizaciones comunitarias Vita Emprende y Vita Deportes se ha observado un gran desorden administrativo, que incluye el registro de gastos que no cuentan con el debido respaldo y la inexistencia de estados financieros actualizados".
Asimismo, la querella también hace mención de servicios que fueron pagados y que no se prestaron: "Se ha detectado la existencia de pagos por cuantiosas sumas de dinero, presumiblemente provenientes del pago de las subvenciones municipales recibidas por dicha organización, a Arnaldo Andrés Cañas González, quien se desempeñaba como contador de la misma. Sólo en el mes de enero de 2021, el señor Cañas recibió de dicha entidad tres cheques que fueron pagados todos con fecha 13 de enero de 2021, por las sumas de $ 10.000.000, $ 12.930.000 y $ 38.065.589, respectivamente, todas las cuales fueron registradas como ‘fondos por rendir’ y no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido".
Una situación similar ocurría en el programa Vita Deportes. La querella detalla que el mismo contador habría recibido en enero de este año tres cheques por las sumas de $ 3.093.540; $ 2.915.500; y $ 13.984.75. Sin embargo, estos dineros "no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido".
"Lo anterior significa que, sólo durante la primera quincena de enero de 2021, el señor Cañas recibió de parte de las dos organizaciones mencionadas, sin justificación para ello, la suma total de $ 80.939.380 que no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido y que, si se proyectan en el tiempo de funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales antes mencionadas, podrían comprometer una parte relevante del patrimonio municipal otorgado a través de subvenciones, dañando directamente a los vecinos de la comuna", sostiene el documento.
